Un sector de la oposición en Nicaragua agrupada en el bloque golpista propagó el relato a través de sus medios de desinformación incluyendo las redes sociales, que con la aprobación en la Asamblea Nacional de una serie de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, cuyo propósito es el de defender la soberanía y la seguridad de la nación, el Presidente Daniel Ortega pretendía sacarlos del juego electoral con “la intención él de escoger a su competencia”.
Con la aprobación de estas leyes, estos políticos estaban claros que habían delinquido tras pedir abiertamente intervenciones militares, sanciones y más presión contra el gobierno revolucionario. Voy a citar dos ejemplos de como dos políticos vendidos como “líderes” y hasta como candidatos presidenciales, clamaban a favor del injerencismo extranjero contra Nicaragua.
Uno de ellos es el señor Félix Maradiaga, detenido en virtud de la aplicación de las leyes, que en diciembre recién pasado decía: “es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que al unísono hemos pedido y seguiremos pidiendo sanciones” contra funcionarios y allegados a Ortega señalados de violaciones a los derechos humanos”.
Maradiaga se refería a una de las leyes conque cuenta el país de que quienes encabecen o financien un golpe de Estado, fomenten o insten a actos terroristas, inciten a la injerencia extranjera, demanden o exalten o aplaudan la imposición de sanciones, no podrán optar a cargos de elección popular.
Como se dice, el golpista Maradiaga “pecó sobre advertido”. José Pallais, otro “líder” que ahora guarda prisión por infringir la ley, dijo meses atrás que Ortega seguía preparando un fraude sistemático con distintas normas.
El Estado de Nicaragua aprobó en diciembre pasado otra ley denominada de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior, a registrarse ante el Poder Ejecutivo. Nada nuevo, legislaciones con estas características existen en infinidad de países, incluyendo quienes financian estas aventuras golpistas.
Estos grupos recalcitrantes y radicales de la derecha nicaragüense, muchos de ellos respondiendo ante la ley por incurrir en serios delitos contra la patria, se llenaron la boca con un bombardeo sistematizado de que Ortega los estaba “cercando” mientras consolidaba la farsa electoral además de dejar en carrera a un candidato que le resultase cómodo para su reelección.
A raíz de esta grosera e ingrata campaña contra el pueblo y gobierno de Nicaragua, aunque esta vez sí, encabezada por auténticos líderes del servilismo y del intervencionismo contra su país, EEUU, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, siguiendo el patrón yanqui, despacharon paquetes tras paquetes de sanciones en contra de altos cargos del gobierno del Presidente Ortega.
Sin embargo, lejos de amilanar o debilitar la labor del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado, algunos de cuyos responsables han sido víctimas de estas sanciones, el país sigue avanzando a paso firme, con números positivos en cuanto al rendimiento económico, con una muy buena gestión de la pandemia además de aplicar las vacunas a decenas de miles de nicaragüenses.
En diciembre pasado el Comandante Daniel Ortega advirtió que los nicaragüenses que sean considerados como golpistas o que promuevan sanciones contra su gobierno “han perdido el derecho” a participar en las elecciones de noviembre.
EL QUE PIDA SANCIONES CONTRA NICARAGUA PIERDE EL DERECHO DE OPTAR A CARGOS PÚBLICOS
“Aquí, el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra, perdió el derecho de optar a cargos públicos, ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten” dijo un premonitorio Ortega, dado que en ese sector golpista, empezó una guerra interna por quien se alzaría con la candidatura. La realidad es que ninguno de ellos, tienen cuentas que saldar al pueblo de Nicaragua.
Es así como uno a uno de estos supuestos líderes y lideresas han empezado a pagar por sus fechorías. Y como vieron que no tendrían ninguna opción de enlistarse en una fórmula presidencial, empezaron otra guerra, la de desprestigiar con antelación y sin siquiera conocer los eventuales potenciales candidatos del otro grupo opositor, llegando a calificar esas designaciones no conocidas de “colaboracionistas” del gobierno.
Rabia, odio y frustración es lo que rezumaban quienes intentaron tomar un atajo violento y sangriento para destruir a la revolución.
¿Acaso entonces, Óscar Sobalvarro, ex jefe contra y con una dilatada trayectoria política anti-sandinista, fue escogido por el propio Daniel Ortega como su candidato ideal para ganar tranquilamente las elecciones del 7 de noviembre?
Habría que preguntarle al mismo Sobalvarro, conocido en las filas de la contra como “comandante Rubén”, si se ha prestado al supuesto juego tantas veces repetido por los que hoy deben pagar por sus delitos, si Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido político del que es vicepresidente y que lo ha seleccionado como su candidato presidencial, es colaboracionista del gobierno.
O si el señor Milton Arcia, veterano político del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), escogido por la convención de esa tolda política, como su candidato para competir en las elecciones del próximo 7 de noviembre, ha sido parte del sistema “fraudulento” montado por Ortega, como aseguran los golpistas.
La realidad es que el gobierno ha logrado desmontar el entramado golpista financiado con recursos provenientes de distintas fuentes de fachada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de otros canales que fluyen desde Europa y agencias que disfrazan su intervencionismo con actividades de promoción a las libertades de prensa, democracia y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo al calendario electoral del 28 de julio al 4 de agosto de 2021 los partidos políticos o alianzas de partidos deben inscribir a sus candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, Diputados ante la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
En las próximas horas la Alianza Unida Nicaragua Triunfa inscribirá a su fórmula presidencial así como a sus candidatos y candidatas a los órganos legislativos nacional y regional. Lidera este bloque político el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El Partido Unidad Cristiana (PUC) con su Presidente y Representante Legal, Daniel Ortega Reyes, Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Indígena Multiétnico (PIM) y Partido Autónomo Liberal (PAL), entre otros, integran la coalición política más sólida y mejor organizada de Nicaragua con capacidad para cubrir al 100 por ciento el tendido electoral en el país para salvaguardar y defender el voto.
