Hay frases populares que retratan a la perfección los hechos cotidianos de las personas o grupos que se aplican a muchos ámbitos, pero en política, cobran una extrema ironía y en muchos de esos casos exaltan un contexto electoral en donde el ciudadano común, que día a día procura el sustento para su familia, no es ajeno al quehacer de los partidos y sus autodenominados “líderes” cuyas actuaciones, por lo que hacen y por lo que dicen, son objeto de burlas entre la población.
Pues bien, este es el caso ahora de Nicaragua, país ubicado en el centro de América con un estimado de poco más de 7 millones de personas y en donde aproximadamente unas 4.5 millones acudirán a votar en noviembre de este año, en unos comicios que han despertado el interés no solamente a nivel local sino que más allá de las fronteras, por razones diversas, entre ellas que el actual gobernante, Daniel Ortega Saavedra, ha perdido legitimidad, según los disidentes de su administración.
El gobierno del ex jefe guerrillero de 74 años, está sometido a presiones internacionales comandadas por los Estados Unidos que utiliza como palancas de presión a instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de imponer reformas electorales, o bien, a grupos políticos internos que son financiados por distintas instancias de la administración estadounidense para cabildear por más sanciones contra el gobierno y altos cargos del Estado nicaragüense.
Estos mismos políticos que todos los días piden más sanciones de EEUU, Canadá y Europa contra las autoridades del país centroamericano, que están divididos en varios fragmentos, intentaron derrocar al gobierno sandinista y sus aliados con el apoyo logístico y financiero estadounidense, trancando varios accesos a ciudades importantes incluyendo Managua, la capital y provocando un derramamiento de sangre entre hermanos nicaragüenses.
Son los mismos que hace dos años durante esos tristes sucesos y tras el fracaso de su macabro plan, fueron invitados por el gobierno a un diálogo nacional pero cuyas intenciones, con el apoyo indudable de la jerarquía católica que en determinado momento se convirtió en la portavoz de estos elementos, desvelaron sus intenciones: adelantar las elecciones, observación internacional, reformas electorales y cambio total de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La respuesta del gobierno a través de Ortega Saavedra fue que los comicios se desarrollarán el primer domingo de noviembre de 2021, como establece la Constitución Política de Nicaragua. Es más, el CSE emitió una resolución en julio del año pasado en la que establece una ampliación del plazo para que las organizaciones políticas se legalicen y puedan participar en esas elecciones.
Según esa disposición, los grupos políticos pueden legalizar su estatus 5 meses antes de las elecciones de noviembre de 2021.La ley establecía que el requisito indispensable para poder participar en las elecciones era de un año antes de la celebración de las mismas.
Empezó 2021 y estos grupos se han dado cuenta que el tren sigue su curso y a la vuelta de 10 meses en Nicaragua habrá elecciones presidenciales, de diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Decía al principio de este escrito que hay frases muy populares que caen como anillo al dedo a estos segmentos de la oposición que ya sienten el aguijón de aspirar a la presidencia de la República, con todo derecho, pero la realidad es que “son muchos los diablos y poca el agua bendita” o un refrán que dice más o menos así: “muchas hojas para poco tamal”.
Hay coaliciones y alianzas cuyas cabezas, casi todas ellas de vieja data, se lanzaron al ruedo con ambiciones presidenciales sin siquiera tener una casilla electoral, ya no se diga que tampoco tienen el vehículo para contender en noviembre. Son representados de diversos grupos elegidos entre ellos mismos, algunos surgidos de entre los escombros que quedaron después de los acontecimientos de abril de 2018.
Unos piden primarias para sacar a un sólo candidato que represente a toda la oposición, otros exigen asambleas, hay quienes prefieren debates e incluso, un diálogo entre todos con la mediación de la bendita iglesia católica o mejor dicho, con representantes de la jerarquía que acostumbran a ofrecer discursos políticos contra el gobierno.
Sin embargo, asumiendo el sentir de esos ciudadanos comunes a los que me referí al comienzo, surgen infinidad de preguntas alrededor de este circo montado por la disidencia. ¿Quienes van a seleccionar al candidato a través de unas primarias? ¿Dónde están las bases de estos grupos dispersos? ¿el pueblo cree en los maradiagas, los moras, los chamorros, los graneras, los pallais o perazas…?
Tienes cinco meses para ordenar su casa. En la otra acera está el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados trabajando por el bienestar del pueblo de Nicaragua pero sin descuidar la tarea de noviembre de este año, que es la de asegurar un triunfo inobjetable para continuar llevando los programas sociales, los proyectos de infraestructura (energía eléctrica, agua potable, carreteras), educación, salud y recreación.
Para esta tarea y la que se avecina, el FSLN cuenta con socios políticos que además de tener sólidas estructuras en todo el país, mantienen una firme alianza que trasciende lo electoral, como el Partido Unidad Cristiana (PUC) cuyo presidente y representante legal, el diputado ante el PARLACEN, Daniel Ortega Reyes, ha demostrado esa lealtad a la alianza desde muchos años atrás.
Integran esta alianza también el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), el Partido Autónomo Liberal (PAL) y el Movimiento Yapti Tasba Masraka Nanih (MYATAMARAN), entre otros.
Imagen de portada cortesía de lavozdelsandinismo.com
