El gobierno de Nicaragua ha dejado bien claro este día que gobiernos extranjeros encabezados por los Estados Unidos, se han confabulado con seudo líderes de oposición y medios de comunicación de la derecha, con el objetivo de derrocar al Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra, reelegido democráticamente en noviembre de 2016.
La administración Ortega distribuyó en la víspera un comunicado entre las representaciones diplomáticas a quienes hace saber que el país centroamericano está sometido a un ataque implacable y sin precedentes impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y “figuras de la oposición” financiadas por Estados Unidos.
Precisa que el Ministerio Público (Fiscalía), a la luz de las pruebas presentadas contra ciertas personas y organizaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero, fraude, traición y conspiración sediciosa, inició una investigación sobre los negocios de Cristiana Chamorro y su Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia.
El comunicado señala que estas instancias recibieron decenas de millones de dólares del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Fundación Nacional para la Democracia (NED), Instituto Republicano Internacional (IRI) y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, que luego fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro.
Según el documento emitido por el gobierno de Nicaragua, Cristiana Chamorro y su fundación, en lo que parecer ser el canal directo para la recepción de la millonaria financiación, empezó a repartir cuantiosas sumas a su hermano, Carlos Fernando Chamorro para alimentar a su Centro de Comunicación para la Investigación (CINCO) y su medio Confidencial, a su tío Jamie Chamorro Cardenal (La Prensa) a señales televisivas tales como canal 10, 11, 12 y Vos TV, radio Corporación y Radio Show y el programa Café con Voz.
También se cuentan entre sus tropelías una serie de plataformas digitales: 100% noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, Despacho 505 y Bacanalnica. Todas ellas tribunas convertidas en cajas de resonancia para la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua y fabricar “líderes” opositores, además de socavar las instituciones del Estado.
El gobierno destaca que el objetivo de la investigación de Ministerio Público es determinar si la señora Chamorro y su fundación han cometido algún delito relacionado con la Ley 1040, que requiere que las organizaciones informen en detalles cualquier financiamiento que reciban del extranjero, y la Ley 1055, que protege al pueblo nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa.
“Cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua.
El escrito gubernamental recuerda que ya hubo unas reformas a la Ley Electoral tras enfatizar que la Asamblea Nacional tras un proceso de consultas con los partidos políticos, designó a un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) que incluye a magistrados indígenas, afrodescendientes y con una mayoría femenina.
No obstante, recuerda que la ley prohíbe a los partidos políticos aceptar financiamiento extranjero de cualquier fuente o en cualquier forma e indica que el Estado de Nicaragua destinará el 1% del Presupuesto General de la República para reembolsar los gastos de la campaña electoral de los partidos políticos o alianzas de partidos, que participen en las elecciones.
19 PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPARÁN EN LAS ELECCIONES
Luego enumera fechas sobre el desarrollo del calendario electoral así como que al día de hoy existen 19 partidos políticos nacionales y regionales que se han constituido y registrado debidamente para participar en las elecciones de noviembre próximo, individualmente o en alianzas.
En ese sentido se puede identificar a: Partido Unidad Cristiana (PUC), cuyo presidente y representante legal es el Diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Daniel Ortega Reyes; Ciudadanos por la Libertad, que dirige Kitty Monterrey; Partido Resistencia Nicaragüense, presidido por Julio César Blandón y por supuesto el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo líder y secretario general es el Comandante Daniel Ortega Saavedra.
Sin embargo, aclara el gobierno, algunas personas que no se han registrado o no han sido seleccionados como candidatos presidenciales de ningún partido político, han estado afirmando falsamente representar a “la verdadera oposición de Nicaragua”, socavando los esfuerzos de los partidos políticos y tratando de descalificar a cualquier posible candidato que pueda surgir.
Remata enfatizando que lo único que este grupo de usurpadores tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos y el hecho de que, a través de sus denominadas organizaciones no gubernamentales, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense por medio de las agencias ya identificadas.
Denuncia que estos gobiernos están cabildeando y presionando a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la finalidad de aprobar resoluciones que interfieran en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua, en lo que solo puede considerarse una grave violación a los propósitos y principios del derecho internacional, la Carta Democrática de las Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
Finaliza exigiendo que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad. Y sentencia: Las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
