Nicaragua rechazó este martes 22 de marzo por “mentirosa” y “politizada” una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas según la cual, en el país centroamericano “continúan los actos de acoso e intimidación, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil”.
El Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia del gobierno nicaragüense , Paul Oquist, quien intervino en el Consejo de Derechos Humanos, calificó la resolución de “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas.
Oquist hacía referencias a la intentona de abril de 2018 por derrocar al gobierno que preside Daniel Ortega Saavedra. En aquella fecha, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), manifestó que fue “una conspiración bien trabajada, ya que cuando nosotros tomamos el gobierno en 2007 empezaron a formarse grupos armados, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y con cajas de resonancia a través de las redes en Costa Rica y en Miami, y con vínculos con organismos de inteligencia norteamericanos y con financiamiento”.
Ortega Saavedra recordó que los medios de comunicación con la derecha golpista destacaban las fotos con los armados presentándolos como patriotas mientras asesinaban a campesinos, a sandinistas, matando a autoridades locales y también lanzándose contra la policía y el ejército, matando a policías y a miembros del ejército.
El presidente ilustró que en ese año ( 2018) los planes para botar a su gobierno se intensificaron cuando se definió con claridad el objetivo golpista de la oposición. Dejó claro que la guerra de desinformación acompañó los planes golpistas y las acciones terroristas de la derecha cuyo objetivo era desgastar y desestabilizar al gobierno del FSLN y sus aliados a todos los niveles.
Este día, el Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, Paul Oquist, remarcó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “constituye una agresión contra el pueblo de Nicaragua tras reiterar que en abril de 2018 el país centroamericano sufrió un intento de golpe de Estado.
Este martes también los medios de comunicación de la derecha se regodean con la resolución de las Naciones Unidas, dejando clarísimo su rol de vagones de cola de instituciones que siguen agendas de gobiernos extranjeros expertos en derrocar y desestabilizar gobiernos progresistas de izquierda, libres, soberanos e independientes.
La resolución abiertamente injerencista está redactada como si fuese una ordenanza para el gobierno sandinista otorgando plazos fatales para reformas electorales, señala acoso y persecución hasta a mujeres, indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y religiosos, entre otros, dibujando un panorama terrorífico como si el país centroamericano viviese bajo un estado policíaco.
El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU retrató muy bien este día a esa organización: “vive en una burbuja, alejada de la realidad y el más elemental sentido común”.
El gobierno dijo en diciembre de 2020 a través del Asesor Presidencial, Bayardo Arce, que las reformas electorales serán en mayo de 2021 “porque son los plazos formales para realizarse y no porque haya una resolución de la OEA que así lo demanda”.
La oposición amalgamada alrededor de dos bloques con serias diferencias entre ellos, exigen reformas electorales donde este sector tenga un papel preponderante. Nada más alejado de la realidad, las reformas electorales serán con los partidos políticos que tienen personalidad jurídica, aliados y no aliados del FSLN.
Estos grupos opositores que se autodenominan “sociedad civil” tuvieron la oportunidad, otorgada por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde julio del año pasado de convertirse en partidos políticos, sin embargo, se dedicaron a criticarla y a burlarse de la misma, quizá porque están conscientes de sus limitaciones y las supuestas multitudes que los siguen viven en sus mentes.
No hay dudas, el FSLN en mayo se sentará con los partidos políticos con personalidad jurídica para emprender las reformas electorales viables para garantizar un proceso electoral y unos comicios transparentes en noviembre de ete año.
Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Restauración Democrática (PRD), ambos desde la oposición pero en carriles distintos, deben sumarse a la invitación que con toda seguridad hará el gobierno para acometer las reformas como también lo harán sin titubear, los institutos políticos aliados del FSLN, entre ellos el Partido Unidad Cristiana (PUC) que lidera Daniel Ortega Reyes, Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Conservador de Nicaragua (PCN), Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), por mencionar algunos.
En la imagen de portada, el Representante Legal de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN, acompañado de líderes de partidos políticos aliados, entre ellos el Presidente de Unidad Cristiana, Daniel Ortega Reyes, registran la coalición para elecciones en el CSE en fecha pasada.
